Condena por desaparición forzada en Casimiro Castillo
El exsubdirector de la Policía Municipal de Casimiro Castillo fue hallado culpable del delito de desaparición forzada de persona agravada tras el proceso judicial. El tribunal determinó que en agosto de 2020 cometió la detención ilegal de la mujer trans Britany Jaqueline, entregándola a un grupo delictivo.
Esta resolución se basa en la investigación de la Vicefiscalía Especializada en Personas Desaparecidas, que aportó pruebas de la participación directa de Jesús “N”. El fallo judicial establece medidas penales y accesorias contra el acusado.
Detalles de la detención irregular y agresión a la víctima
Según el expediente, la detención irregular se realizó sin orden de aprehensión y fuera de los protocolos legales establecidos por la institución policial. La víctima fue retenida en instalaciones municipales antes de ser trasladada a terceros.
La agresión a Britany Jaqueline incluyó maltrato físico severo, tras el cual el grupo criminal la devolvió lesionada. Horas más tarde, la víctima falleció a consecuencia de las heridas infligidas.
Participación del exsubdirector Jesús “N”
Durante la audiencia de juicio oral, los testimonios y peritajes médicos confirmaron la responsabilidad de Jesús “N” en la cadena de custodia que precedió al homicidio. Se documentó cada etapa del traslado y la violencia ejercida.
La documentación oficial registró lesiones graves y la omisión de cualquier intento de auxilio por parte del personal a su cargo. Estas evidencias fueron clave para la sentencia.
Pena de 50 años de prisión y sanciones accesorias
El tribunal impuso una pena de cincuenta años de reclusión y estableció el pago de diez mil días de multa como sanción económica. Esta condena busca reflejar la gravedad del delito de desaparición forzada agravada.
La medida penal se acompañó de la clausura de la carrera pública de Jesús “N”, asegurando su inhabilitación para ejercer funciones oficiales durante el mismo periodo de la condena.
Multa e inhabilitación para cargos públicos
La multa de diez mil días se calculará conforme a la tabla de unidad de medida y actualización vigente, representando un monto monetario significativo. Esta sanción pretende aplicar un coste adicional a la pena privativa de la libertad.
La inhabilitación para ocupar cargos públicos por cincuenta años impide que el condenado participe en la administración municipal, estatal o federal durante el término de la pena.
