Desalojo en el Estero del Infiernillo: expulsión de asentamientos irregulares
Más de diez familias fueron desalojadas del Estero del Infiernillo por orden de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), tras detectar viviendas de madera y lámina asentadas en un área irregular junto al cuerpo de agua. El procedimiento de remoción se llevó a cabo bajo un dictamen oficial que señalaba el riesgo de hundimiento y contaminación de la zona.
El desalojamiento incluyó la identificación de los inmuebles como asentamientos informales, lo que implicó su erradicación inmediata. La Profepa advirtió que estas construcciones carecían de permisos y se encontraban en suelo de protección hidrológica, lo que motivó la instrucción directamente emanada de la delegada federal.
Operativo de remoción con maquinaria municipal y demolición de viviendas
La maquinaria del Ayuntamiento de Mazatlán fue desplegada para derribar las construcciones irregulares en ambos márgenes del estero. Retroexcavadoras y camiones de volteo realizaron la demolición de las casas, mientras personal municipal supervisaba el avance de los trabajos.
Este operativo de demolición se enfocó en despejar el cauce y sus márgenes, con el fin de restablecer la zona de amortiguamiento natural. Los escombros fueron trasladados a un depósito temporal, con el objetivo de evitar afectaciones adicionales al entorno.
Participación de corporaciones estatales y federales
Corporaciones estatales y federales brindaron apoyo logístico y de seguridad durante el desarrollo del operativo. Elementos de distintas dependencias colaboraron para garantizar que la remoción se realizara sin incidentes mayores.
El inspector Fernando Rodríguez, en representación de la Profepa, vigiló el cumplimiento de las normas y confirmó que los trabajos se efectuaron conforme a las instrucciones de la delegada federal, sin presencia de moradores en las viviendas al momento de la intervención.
Riesgos ambientales y marco legal de asentamientos informales
La instalación de viviendas en cauces y márgenes de cuerpos de agua incrementa el riesgo de erosión, desprendimiento de orilla y generación de residuos sólidos que impactan directamente el ecosistema. La remoción de estos asentamientos busca prevenir daños a la calidad del agua y la biodiversidad cercana.
En términos legales, la Profepa respalda sus acciones con la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, que prohíbe construcciones sin autorización en zonas de riesgo hidrológico. La falta de título de propiedad o permisos ambientales convierte estos inmuebles en objeto de desalojo y sanciones administrativas.
