Proceso de desafuero del diputado local en Sinaloa
En Culiacán, Sinaloa, el Congreso del Estado avanzó en el proceso de desafuero contra el diputado local Genaro García Castro. La iniciativa se sustenta en presuntas irregularidades vinculadas con la compra de patrullas durante su gestión como secretario general del Ayuntamiento de Ahome.
El análisis parlamentario se realizó conforme al procedimiento establecido en la ley estatal. Los legisladores evaluaron los informes y los elementos probatorios antes de emitir el acuerdo que permitió retirar la protección constitucional al representante del distrito.
Designación del suplente legislativo en Ahome
Tras el desenlace del desafuero, fue convocada la suplencia de Holincer Castro para asumir el escaño. Como suplente registrado desde la jornada electoral, cumplió con los requisitos formales para tomar protesta.
Esta determinación busca garantizar la representación del distrito y asegurar la continuidad de las actividades en las comisiones y los trabajos de la mesa directiva.
Rendición de protesta ante el Congreso
Holincer Castro realizó la rendición de protesta en una sesión ordinaria, donde se validó su carácter de legislador propietario. Este acto protocolario se liga al reglamento interno que regula los cambios de cargo por circunstancia de desafuero.
Con el quórum alcanzado, la Junta de Coordinación Política certificó la validez de la suplencia y autorizó su incorporación inmediata a las labores parlamentarias.
Investigaciones por anomalías en adquisición de patrullas
Las pesquisas sobre la compra de patrullas en la administración anterior se centran en el posible sobreprecio y la falta de transparencia en las licitaciones. Documentos oficiales y testimonios apuntan a inconsistencias en los procesos de adjudicación.
El área de la Contraloría Interna revisó expedientes y recibió denuncias ciudadanas que señalan desvío de recursos y fallas en el cumplimiento de las bases de la convocatoria.
Alcance de las indagatorias administrativas
Las indagatorias administrativas incluyen la revisión de contratos, actas de recepción y comprobantes de pago. También se analizaron dictámenes técnicos sobre el estado y equipamiento de las patrullas adquiridas.
Dependencias estatales y federales cooperan en el intercambio de información, con el fin de precisar si existieron omisiones u operaciones fuera de norma en el proceso de compra.
