Contexto de la deportación errónea y expulsión involuntaria
En marzo de 2025, Kilmar Ábrego García, un salvadoreño residente en Maryland, fue objeto de una expulsión involuntaria hacia El Salvador pese a contar con una orden judicial que prohibía su repatriación. El fallo de un tribunal federal había reconocido el temor creíble de Ábrego García a persecución por parte de la pandilla Barrio 18, estableciendo medidas de protección migratoria.
La ejecución de la deportación contravino dictámenes previos que suspendían cualquier procedimiento de salida hasta resolver su solicitud de asilo. El error administrativo generó la salida forzada del país bajo un proceso de deportación que la propia Corte Suprema de Estados Unidos calificó como inconsistente con las garantías procesales establecidas.
Orden de protección por temor creíble
La jueza federal Paula Xinis emitió una resolución que avaló el derecho de Ábrego García a no ser deportado, basándose en información sobre posibles agresiones y amenazas directas vinculadas a la pandilla Barrio 18. Ese dictamen detuvo temporalmente cualquier gestión de expulsión hasta evaluar su caso de asilo.
Sin embargo, a pesar de la orden judicial, las autoridades encargadas de inmigración procedieron con su repatriación. La omisión de la directriz generó cuestionamientos sobre la coordinación entre instancias federales y la supervisión de medidas cautelares en procesos migratorios.
Alegatos presidenciales y presunta vinculación con MS-13
En una entrevista pública, el presidente Donald Trump afirmó tener la facultad de solicitar la repatriación inmediata ante el gobierno salvadoreño, pero optó por no ejercerla. Sus declaraciones se sustentaron en la acusación de que Ábrego García era “un presunto miembro de la MS-13”, citando tatuajes y estilo de vestir como pruebas principales.
Estos señalamientos fueron considerados insuficientes por la jueza Xinis, quien sostuvo que dichos elementos no acreditan de manera fehaciente ninguna afiliación criminal. La argumentación oficial no aportó documentos adicionales ni testimonios que respalden la presunción de pertenencia a la organización.
La falta de evidencia clara sobre vínculos con MS-13 plantea interrogantes sobre el criterio utilizado para identificar riesgos reales en los procesos de deportación. Expertos en derecho migratorio han señalado que la simple suposición de afiliación con pandillas no puede sustituir investigaciones formales y fundamentadas.
Órdenes judiciales, mandato de la Corte Suprema y obligaciones ejecutivas
La Corte Suprema de Estados Unidos dictaminó que el Ejecutivo está legalmente obligado a facilitar el retorno de Kilmar Ábrego García. El máximo tribunal afirmó que no cumplir con la orden judicial vulnera el principio de supremacía constitucional y las protecciones otorgadas a solicitantes de asilo.
El gobierno de la administración Trump sostiene que la liberación y repatriación dependen exclusivamente de las autoridades salvadoreñas. Esta postura contrasta con la interpretación de la Corte, que considera que la Casa Blanca debe coordinar cualquier acción necesaria para garantizar el retorno a territorio estadounidense.
La divergencia entre los poderes Ejecutivo y Judicial resalta tensiones en la aplicación de decretos migratorios y en el respeto a fallos judiciales. El caso de Ábrego García se convierte en un precedente sobre la obligación presidencial de respetar órdenes de protección emitidas por tribunales federales.
