Litigios estratégicos contra comunicadores y restricción de la libertad de expresión
Entre el último año del sexenio de AMLO y los primeros dos meses de la administración actual se registraron 21 demandas legales dirigidas contra profesionales de la comunicación. Estas denuncias incluyen demandas por daño moral y alegaciones de violencia política de género.
De acuerdo con un informe de Article 19, esta cifra equivale a una nueva acción legal contra la prensa cada tres semanas, un patrón que organizaciones nacionales e internacionales identifican como prácticas de litigios SLAPP.
Patrones de denuncias y tácticas legales
Las demandas por daño moral buscan obtener indemnizaciones económicas que, en la práctica, pueden generar presiones financieras sobre los comunicadores. Dichas acciones legales se han convertido en un mecanismo recurrente para desalentar la cobertura crítica.
Por otro lado, las acusaciones por violencia política de género se han presentado en contextos donde se cuestionan las prácticas de género en el ámbito político, ampliando el alcance de las estrategias litigiosas.
Censura indirecta y medidas cautelares en medios locales
Una autoridad judicial en Campeche ordenó, como medida cautelar, que un medio de comunicación local cuente con un censor oficial y que un comunicador sea supervisado en el desarrollo de sus coberturas. Estas determinaciones se derivan de un proceso penal por presunta incitación al odio tras publicaciones referidas a la gobernadora estatal.
Las medidas cautelares implican la intervención directa en la producción informativa, lo cual genera cuestionamientos sobre el grado de autonomía de los medios y la posibilidad de que dichas prácticas funcionen como censura indirecta.
Rechazo y postura del comunicador supervisado
El comunicador afectado ha rechazado categóricamente las medidas, calificándolas como un atentado contra la libertad de expresión. Argumenta que la supervisión oficial contraviene los principios de independencia editorial.
Esta postura plantea un debate sobre los límites legales de las medidas cautelares y las implicaciones para el ejercicio informativo en el país, sin que hasta el momento se haya modificado la resolución judicial original.
