La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) ha emitido un decreto que exonera a Petróleos Mexicanos (Pemex) del pago del Derecho de Utilidad Compartida (DUC) durante el último trimestre de 2023 y en enero de 2024. Esta medida ha sido tomada con el objetivo de aliviar la carga financiera de la empresa estatal en un momento de dificultades económicas.
Según los cálculos realizados por el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), esta exención representa una condonación que supera los 86 mil 640 millones de pesos. Se espera que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) emita las disposiciones necesarias para la devolución de los pagos realizados por Pemex durante este periodo eximido.
La medida ha generado diversas opiniones entre expertos y analistas. Algunos han expresado preocupación por el impacto que podría tener en las finanzas públicas, ya que reducirá los ingresos que el gobierno recibe de la empresa petrolera. Además, se plantea que esta acción podría interpretarse como una forma de privatización implícita de Pemex, al dejar recursos que originalmente son propiedad del Estado en manos de la empresa y su sindicato.
Por otro lado, se destaca que esta exención de impuestos podría aliviar la presión financiera de Pemex, permitiéndole destinar recursos a áreas prioritarias como el pago de deudas y la inversión en proyectos estratégicos como la refinería de Dos Bocas.
En resumen, la exención de impuestos a Pemex durante el último trimestre de 2023 y en enero de 2024 es una medida que busca aliviar la carga financiera de la empresa estatal en un contexto de desafíos económicos. Sin embargo, genera debate sobre sus implicaciones en las finanzas públicas y en el papel del Estado en la gestión de recursos naturales estratégicos.
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