Esquema de corrupción y adjudicación directa en Michoacán
Durante la administración del exgobernador Silvano Aureoles Conejo se otorgaron contratos por adjudicación directa a la inmobiliaria DyF S.A. de C.V. para la renta de siete cuarteles policiacos ubicados en Lázaro Cárdenas, Apatzingán, Uruapan, Huetamo, Coalcomán, Jiquilpan y Zitácuaro.
El contrato incluyó conceptos de mantenimiento y modificaciones a las instalaciones, con un monto total de tres mil 486 millones de pesos, recursos que posteriormente se comprobaron como de procedencia ilícita.
Irregularidades en la contratación y manejo de terrenos
Las investigaciones detectaron múltiples anomalías en el proceso, resaltándose la imposibilidad de la inmobiliaria para comprobar la propiedad de los terrenos donde se construyeron los cuarteles. Asimismo, se evidenció la falta de proyectos ejecutivos y la realización de convenios modificatorios de mantenimiento sin pruebas de la prestación de servicios.
La Contraloría destacó que sólo el cuartel de Huetamo estaba originalmente a nombre de la inmobiliaria, mientras que las seis demás propiedades fueron adquiridas después de la celebración de los contratos, lo que generó cuestionamientos sobre la transparencia del proceso.
Fiscalización y acciones de auditoría en el sector público
El 28 de septiembre de 2021, dos días antes de concluir su gobierno, se realizó la compra de los cuarteles por un valor superior a mil 760 millones de pesos, elevando el monto total del esquema a más de cinco mil millones de pesos. La auditoría posterior constató que, además de su función operativa, las instalaciones incluían recámaras equipadas con vidrios blindados y muebles lujosos destinados al uso del exgobernador.
En noviembre de 2021, la Secretaría de Contraloría inició una exhaustiva revisión de los contratos y las propiedades, detectando elementos que contrastaban con el uso que correspondía al personal de la Secretaría de Seguridad Pública. Esta acción marcó el inicio de un proceso de fiscalización coordinado entre diversas instancias del sector público.
Reparación del daño patrimonial y seguimiento judicial
Con posterioridad a las investigaciones, el 16 de febrero de 2022 se presentó una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República, estableciéndose una operación coordinada con la Unidad de Inteligencia Financiera para esclarecer el caso. Diversas fiscalías especializadas acumularon carpetas, mientras la Auditoría Superior de la Federación denunciaba un daño al erario de mil 52 millones 222 mil pesos.
En 2024, tras los resultados de la investigación, se llamó a comparecer a 31 servidores públicos de la SSP y de la Contraloría como testigos en la Ciudad de México, asegurándose las siete propiedades donde se ubicaban los cuarteles y avanzando en la judicialización de una carpeta que incluye delitos como peculado, administración fraudulenta y operaciones con recursos de procedencia ilícita
