Cobro de reconexión abusivo en Jumapam: familias mazatlecas exigen solución inmediata

Cobros de reconexión y tarifas excesivas de agua potable

El cobro por reconexión en el servicio de agua potable ha sido registrado con un monto fijo de 226 pesos, según el concepto aplicado por la paramunicipal en Mazatlán. Esta tarifa suele justificarse cuando el suministro se interrumpe, pero usuarios denuncian que no se realiza ningún corte antes de aplicar el cargo.

Cientos de familias han notado la aparición de este concepto cada dos o tres recibos, lo que genera sospechas de cobros indebidos. La irregularidad en la facturación ha llevado a cuestionar la política de reconexión de la entidad responsable del servicio.

Frecuencia de cobros y montos aplicados

Los recibos de agua muestran el cargo por reconexión de forma recurrente, independientemente de la continuidad del suministro. Vecinos reportan que el concepto aparece de manera sistemática sin previo aviso ni justificación técnica.

La cifra de 226 pesos se mantiene constante en cada cargo, lo que dificulta a los usuarios diferenciar entre un cobro legítimo y uno abusivo. La falta de corte previo al servicio pone en duda la necesidad de la tarifa.

Denuncias de familias mazatlecas por cobros indebidos

Cientos de familias mazatlecas han alzado la voz para señalar la práctica de añadir cargos de reconexión sin suspender el suministro de agua. La agrupación de residentes ha documentado casos y cantidades, buscando visibilizar el impacto económico que representa este cobro.

La implementación de disputas colectivas ha permitido agrupar denuncias y establecer patrones en los ciclos de facturación. Usuarios han señalado la falta de claridad en los recibos y exigen transparencia en los procesos de cobranza.

Exigencia de intervención de autoridades locales

Habitantes afectados han dirigido un llamado directamente al gerente de la autoridad del agua y, al mismo tiempo, a la alcaldesa Estrella Palacios. La petición busca que las autoridades revisen los procedimientos de cobro y verifiquen la legitimidad de los cargos.

La comunicación formal se presenta como una medida para detener posibles prácticas irregulares. Las familias solicitan la suspensión del concepto hasta que se aclare su operatividad y se ajusten los mecanismos de supervisión de la facturación.