Ciudad de México, México.— El gobierno federal amplió su intervención en sectores privados con programas como «gas del bienestar» y la supercomputadora pública Coatlicue, anunciada por Claudia Sheinbaum con 6,000 millones de pesos y plazo de 24 meses, lo que genera críticas empresariales.
[newsletter_form]Puntos clave
- Coatlicue: inversión oficial de 6,000 millones de pesos y plazo de construcción de 24 meses.
- Programas «del bienestar» han expandido la producción y distribución de bienes básicos.
- Empresarios alertan sobre usurpación de funciones, mayor fiscalización y riesgo para la inversión privada.
Supercomputadora Coatlicue: objetivos oficiales y usos propuestos
El gobierno presentó Coatlicue como una máquina orientada a la investigación y a aplicaciones públicas. Se anunció que la supercomputadora apoyará predicción de desastres, planeación agrícola, salud, procesamiento de datos energéticos y exploración de recursos.
También se incluyó el uso para apoyar emprendedores y al sector privado, según el propio anuncio. Sin embargo, la mención explícita de cruzar información del SAT con aduanas para detectar evasores fiscales generó dudas sobre prioridades.
La inversión y el plazo sitúan al proyecto como uno de los más ambiciosos de la administración. Los datos oficiales señalan 6,000 millones de pesos y 24 meses para su construcción y puesta en marcha.
Empresarios y la percepción sobre los programas del bienestar
Representantes del sector privado han criticado la creciente injerencia estatal en actividades tradicionalmente competitivas. Señalan que el Estado compite o reemplaza a la iniciativa privada al asumir producción y distribución de bienes básicos.
“El estado debe gobernar y no usurpar a la iniciativa privada.” — empresarios
Quienes cuestionan la estrategia argumentan que la expansión estatal fomenta ineficiencia, mala administración y corrupción en instituciones creadas recientemente. Además, advierten que la mayor fiscalización podría usarse para presionar a contribuyentes y recuperar recursos para programas sociales.
Riesgos señalados: dependencia estatal y clima de negocios
El patrón detectado por críticos sigue tres etapas: entrada en la producción de bienes básicos, extensión a sectores estratégicos como energía y comunicaciones, y consolidación mediante infraestructura propia. Según esas voces, el proceso centraliza decisiones y aumenta la capacidad de control estatal.
Los empresarios temen pérdida de espacios para la inversión privada y un deterioro en la confianza institucional. Advierten que, si persiste el modelo, la economía podría tender a depender más del Estado que de la iniciativa privada, con efectos negativos en la competitividad.
