Demanda contra Trump por la Eliminación de la Ciudadanía por Nacimiento
Un conjunto de 18 estados con gobiernos demócratas ha presentado una demanda legal contra el presidente Donald Trump. La acción judicial se centra en el intento de Trump de revocar la ciudadanía por nacimiento en Estados Unidos mediante una orden ejecutiva. Entre los estados demandantes se encuentran importantes jurisdicciones como Nueva York, Colorado, California, Washington y San Francisco.
Los estados argumentan que el decreto presidencial es ilegal y vulnera la Constitución de Estados Unidos, específicamente la Enmienda 14. Esta enmienda establece que cualquier persona nacida en suelo estadounidense obtiene automáticamente la nacionalidad, independientemente del estatus migratorio de sus padres.
Detalles del Decreto Ejecutivo de Trump sobre la Nacionalidad
Pocas horas después de asumir su cargo, el presidente Trump firmó un decreto que modifica las condiciones para la obtención de la ciudadanía estadounidense por nacimiento. Según esta orden, las personas nacidas en Estados Unidos de padres indocumentados o con un estatus legal temporal, como visas de trabajo o de turista, no podrán adquirir la ciudadanía estadounidense.
Esta medida plantea un cambio significativo en la interpretación de la Enmienda 14, ya que limita la nacionalidad automática para ciertos grupos de personas nacidas en el país. El decreto ha generado controversia y desafíos legales debido a su potencial conflicto con disposiciones constitucionales establecidas.
Argumentos de los Estados Demandantes contra el Decreto Presidencial
Los estados que han presentado la demanda sostienen que el presidente no posee la autoridad para modificar una enmienda constitucional mediante una orden ejecutiva. Argumentan que cualquier cambio a la Enmienda 14 requeriría un proceso legislativo más complejo, incluyendo aprobación por parte de la mayoría en la Cámara de Representantes y el Senado, así como la ratificación por tres cuartas partes de los estados.
Además, los demandantes señalan que la implementación del decreto causaría un daño inmediato e irreparable a los residentes de sus jurisdicciones. La eliminación de la ciudadanía por nacimiento afectaría directamente la capacidad del Departamento de Estado para emitir pasaportes a los niños nacidos de padres indocumentados y dificultaría su reconocimiento como ciudadanos por parte de la Administración del Seguro Social.
Impacto en los Derechos y Acceso a Servicios Básicos
La modificación de la ciudadanía por nacimiento tendría consecuencias significativas para los derechos básicos de los afectados. Los niños nacidos en Estados Unidos de padres con estatus migratorio irregular enfrentarían obstáculos para acceder a documentos oficiales, como pasaportes, y para ser reconocidos legalmente como ciudadanos. Esto complicaría su acceso a derechos fundamentales y a oportunidades laborales legales en el país.
Además, la Administración del Seguro Social se vería impedida de reconocer a estos individuos como ciudadanos, lo que podría afectar su elegibilidad para beneficios y servicios sociales. La medida también impactaría la posibilidad de trabajar legalmente, ya que la ciudadanía es un requisito clave para acceder a diversas oportunidades de empleo.
Datos sobre la Población Afectada y Precedentes Legales
Según el centro de investigación Pew, en el año 2022 había aproximadamente 1.3 millones de adultos en Estados Unidos cuyos padres carecían de estatus legal. Este grupo demográfico representa una parte significativa de la población que se vería directamente afectada por el decreto presidencial.
Un informe de 2018 del Servicio de Investigación del Congreso indica que la interpretación actual de la Enmienda 14 reconoce a los hijos de migrantes indocumentados como ciudadanos estadounidenses. Sin embargo, se advierte que el Tribunal Supremo podría modificar esta interpretación en el futuro, lo que añade una capa de incertidumbre legal respecto a la aplicación de la ciudadanía por nacimiento.
Proceso Necesario para Modificar la Enmienda 14
Eliminar la ciudadanía por derecho de nacimiento exigiría una enmienda constitucional, un proceso que requiere una mayoría cualificada en el Congreso de Estados Unidos. Específicamente, se necesitaría una mayoría de dos tercios tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado para aprobar la enmienda.
Además, la ratificación de la enmienda requeriría la aprobación de tres cuartas partes de los estados, lo que implica un amplio consenso nacional. Este proceso complejo y riguroso hace que la modificación de la Enmienda 14 sea un desafío significativo desde el punto de vista legislativo y político.
