El Salvador.— El presidente Nayib Bukele advirtió a las pandillas que su gobierno podría retirar los tiempos de comida en los centros penitenciarios como respuesta a nuevas oleadas de criminalidad, informó el mandatario el .
Puntos clave
- Bukele anunció la posible suspensión de los tiempos de comida en cárceles como medida de represalia.
- La medida se aplicaría a quienes sean detenidos por actividades delictivas dentro del plan de mano dura.
- Las declaraciones provocaron respaldo en sectores afines al gobierno y Críticas de organismos de derechos humanos.
Medida y mensaje presidencial
El gobierno planteó la eliminación de los tiempos de comida en los centros penitenciarios como un mecanismo punitivo directo ante cualquier intento de desatar nuevas olas de violencia. Bukele presentó la medida como parte de la estrategia de mano dura que su administración mantiene contra las estructuras criminales.
El mandatario justificó la decisión señalando que las concesiones no estarán disponibles para quienes atenten contra la seguridad pública. Externó que la acción se aplicaría específicamente a detenidos vinculados con hechos delictivos, sin precisar procedimientos ni plazos para su implementación.
“no va a haber un tiempo de comida en las cárceles. ustedes desatan una ola de criminalidad y nosotros quitamos la comida en las cárceles”
—Nayib Bukele, presidente de El Salvador.
Reacciones públicas y de derechos humanos
Las declaraciones generaron respuestas divididas dentro del país. Sectores afines al gobierno reafirmaron el respaldo a políticas de firmeza contra pandillas y la reducción de la delincuencia.
Organismos defensores de derechos humanos expresaron preocupación por las condiciones en el sistema penitenciario y por el impacto de medidas que restringen derechos básicos. No se reportaron en la información oficial detalles sobre cómo se garantizaría la integridad física y alimentaria de las personas privadas de libertad.
Aplicación en los centros penitenciarios y alcance
La medida anunciada según la comunicación presidencial se aplicaría “directamente” contra quienes sean detenidos por actividades delictivas, sin mayor precisión sobre criterios de clasificación o supervisión. El anuncio no incluyó protocolos institucionales ni fechas de entrada en vigor.
En la nota informativa no se detallan otras alteraciones al régimen penitenciario ni si la medida afectaría a personas en proceso judicial o a sentenciados. Tampoco se informó sobre mecanismos de monitoreo independiente o recursos legales para las personas afectadas.
