Acapulco, Guerrero.— La Suprema Corte de Justicia de la Nación confirmó por unanimidad las suspensiones que protegen a la alcaldesa Abelina López Rodríguez, las cuales frenan un juicio de revocación y una auditoría por presunto manejo irregular de 898 millones de pesos.
Lo que sabemos
- El pleno de la Suprema Corte confirmó las suspensiones por unanimidad.
- Las medidas suspenden un Juicio de revocación de mandato y una auditoría por 898 millones de pesos.
- Las suspensiones fueron concedidas en y seguirán vigentes hasta la resolución de las controversias constitucionales.
- El Congreso de Guerrero y la Auditoría Superior del Estado de Guerrero intentaron revertirlas; la Corte declaró infundados sus recursos.
Decisión de la Suprema Corte sobre las suspensiones
El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ratificó las medidas cautelares que protegen a la alcaldesa de Acapulco. La determinación fue tomada por unanimidad y mantiene el blindaje jurídico mientras se tramitan los juicios de fondo.
Los recursos de reclamación presentados por el Congreso de Guerrero y la Auditoría Superior del Estado de Guerrero fueron analizados y declarados infundados. Esa resolución impide que los órganos locales logren la reversión inmediata de las suspensiones.
Medidas suspendidas: revocación de mandato y auditoría por 898 millones
Las suspensiones frenan dos procedimientos iniciados a nivel local contra la alcaldesa Abelina López Rodríguez. Se trata de un Juicio de revocación de mandato y una auditoría por presunto manejo irregular de 898 millones de pesos.
- Juicio de revocación de mandato: procedimiento político-administrativo que buscaba evaluar la permanencia en el cargo.
- Auditoría local por presuntos recursos federales mal manejados: investigación sobre 898 millones de pesos.
Ambas medidas cautelares fueron otorgadas en y permanecerán activas hasta que la Suprema Corte resuelva las controversias constitucionales planteadas por la propia alcaldesa.
Implicaciones para Abelina López y próximos pasos legales
Mientras avanzan los asuntos de fondo, la alcaldesa conserva los efectos jurídicos de las suspensiones y no enfrenta la revocación ni la auditoría en términos locales. La protección es temporal y depende de la resolución definitiva de la Corte.
Los tribunales deberán ahora resolver las controversias constitucionales planteadas por López Rodríguez. Hasta que eso ocurra, las instancias locales no podrán ejecutar los procedimientos suspendidos por la Suprema Corte.
