Culiacán, Sinaloa.— Este viernes se realizará en la sala “A” del Centro de Justicia Penal Acusatorio la audiencia inicial por la agresión con machete contra Bobby, el perro que murió tras el ataque.
[newsletter_form]Lo que sabemos
- La audiencia inicial para la formulación de la imputación será en la sala “A” del Centro de Justicia Penal Acusatorio.
- El ataque ocurrió a principios de agosto en Costa Rica; Bobby murió horas después debido a las heridas.
- Organizaciones civiles y activistas han convocado vigilancia social bajo la consigna #JusticiaParaBobby.
- La Fundación Balto y Togo exige sanción ejemplar y la aplicación de la legislación vigente.
audiencia inicial en el Centro de Justicia Penal Acusatorio
La Fiscalía llevará a cabo la audiencia para la formulación de la imputación contra el presunto responsable. El acto procesal está programado para , en la sala “A”.
En esta etapa, la autoridad determinará si existen elementos suficientes para sostener la imputación y continuar con el proceso penal. El resultado definirá los siguientes pasos en la investigación y posibles medidas cautelares.
Reacción de organizaciones civiles y activistas
Varias asociaciones de rescatistas anunciaron que estarán atentas durante la audiencia y mantendrán presión pública. La movilización social surgió tras la difusión del ataque y la muerte de Bobby, que generó indignación en redes y colectivos.
La Fundación Balto y Togo demandó la imposición de una sanción ejemplar y la aplicación de la normativa en materia de protección animal. Los colectivos piden que el caso siente precedente para que delitos de crueldad contra animales no queden impunes.
Posible precedente en protección animal en Sinaloa
El caso de Bobby ha cobrado importancia por su potencial para establecer criterios en la aplicación de la ley en Sinaloa. Expertos y activistas consideran que una resolución firme podría fortalecer la defensa legal de los animales en el estado.
La audiencia inicial marcará si el proceso avanza hacia juicio o si la Fiscalía enfrenta retos probatorios. Mientras tanto, la sociedad civil mantiene la vigilancia para exigir que se siga el debido proceso y se haga valer la legislación vigente.
