Detalles del asesinato de Irma Hernández
Irma Hernández, maestra jubilada y también taxista, fue secuestrada la semana pasada en Álamo Temapache. Un grupo criminal la forzó a grabar un video de extorsión.
[newsletter_form]Tras 24 horas de cautiverio, su cuerpo fue hallado sin vida en una zona rural cercana. La investigación inicial relaciona agresiones previas al hallazgo.
Secuestro y grabación de video
Durante el cautiverio, el grupo del crimen organizado grabó un mensaje donde exigían el pago de una cuota. En ese material, se podían apreciar signos de coacción.
La víctima advertía sobre riesgos de no cumplir con la extorsión, bajo presión física y psicológica. El contenido del video fue parte de la denuncia.
Hallazgo del cuerpo
El cuerpo de Hernández fue encontrado a las afueras de la localidad, con señales de estrés y posibles golpes. Su estado generó dudas sobre la causa directa de muerte.
Elementos periciales confirmaron que había sufrido tortura previa. El entorno indicó indicios de violencia extrema durante el secuestro.
Contexto de violencia y extorsión en Veracruz
La región de Álamo Temapache enfrenta un aumento constante de extorsiones y agresiones por parte de bandas criminales. Habitantes reportan miedo ante amenazas cotidianas.
Organizaciones de seguridad local han documentado varios casos similares en el último año. La falta de protocolos efectivos complica la prevención de estos delitos.
Reacciones de colectivos feministas
Colectivos de mujeres denunciaron que el infarto atribuido a Hernández obvia la violencia sufrida. Aseguran que el estrés extremo derivado del secuestro fue determinante en la muerte.
Estos grupos manifestaron su rechazo a la descontextualización del crimen y exigieron que se revise como un homicidio con agravantes de género.
Versión oficial y críticas
La gobernadora de Veracruz atribuyó el deceso de Hernández a un paro cardiaco. Afirmó que no existían lesiones letales, aunque reconoció agresiones durante el secuestro.
Diversas voces criticaron esta postura, señalando que la explicación oficial minimiza la responsabilidad criminal. Señalan falta de transparencia en las indagaciones.
