La sombra del asesinato del exrector de la UAS, Cuén Ojeda, mancha a Morena y a aspirantes perfilados para la gubernatura de Sinaloa rumbo a 2027; los nombres vinculados y la falta de respuestas alimentan dudas y exigencias de justicia.
Lo que sabemos
- El homicidio del exrector Cuén Ojeda se ha convertido en un factor político para Morena en Sinaloa.
- Se mencionan como vinculados a la sucesión estatal a Enrique Inzunza Casares, María Teresa Guerra, Graciela Domínguez, Imelda Castro y Feliciano Castro.
- Persisten interrogantes sobre autoría intelectual o material del crimen y posible participación de integrantes de otros partidos.
- El silencio de actores políticos y autoridades ha intensificado la exigencia pública de justicia.
Implicaciones políticas para Morena y la gubernatura de Sinaloa
El asesinato de Cuén Ojeda enturbia el proceso interno de Morena hacia 2027 y coloca a varios aspirantes bajo escrutinio público. La mención de figuras clave vincula un caso criminal con la disputa por la candidatura estatal.
En redes y círculos políticos, el debate ya incluye consideraciones sobre imagen, confianza ciudadana y riesgos de polarización. Los actores señalados afrontan tanto presión mediática como preguntas sobre su papel en el movimiento.
Dudas sobre autoría y posible participación de otros partidos
Las preguntas predominantes son si entre los aspirantes está el autor intelectual o material del crimen y si hubo omisiones deliberadas. La fuente señala la sospecha de participación, por acción u omisión, de integrantes de otros partidos políticos.
Hasta ahora no se presentan datos públicos que confirmen vínculos penales entre los nombres señalados y el homicidio; la acusación permanece en el terreno de la especulación y la preocupación ciudadana. La falta de información oficial alimenta versiones encontradas.
Reclamo de justicia y el peso del silencio institucional
El reclamo por esclarecer el homicidio de Cuén Ojeda se mantiene vigente, mientras el silencio de autoridades y dirigentes complica la confianza en las instituciones. La exigencia de justicia aparece como una demanda central de la sociedad y de sectores políticos no alineados.
Sin resoluciones públicas, las dudas sobre encubrimiento para repartir el «botín electoral» en 2027 persisten entre analistas y opositores. La expectativa es que las instancias competentes ofrezcan respuestas verificables y procesos transparentes.
