Ángel Del Villar: veredicto por violar la Ley Kingpin y cargos penales
El 27 de marzo un jurado encontró a Ángel Del Villar, fundador de Del Records, culpable de diez cargos por violar la Ley de Designación de Cabecillas Extranjeros del Narcotráfico (conocida como Ley Kingpin) y de un cargo adicional por conspiración. La decisión se produjo tras un proceso en el que la fiscalía presentó pruebas sobre transacciones y relaciones comerciales vinculadas a personas sancionadas.
La acusación detalló que los cargos se relacionan con actividades económicas dirigidas a beneficiarios señalados por autoridades estadounidenses, y el veredicto fue emitido por un panel que consideró probadas esas supuestas violaciones. El monto de cargos y la naturaleza de la acusación sitúan el caso dentro del marco de sanciones financieras y de control de redes internacionales.
Sentencia y sanciones: pena de prisión, multas y libertad condicional
El 15 de agosto la jueza Maame Ewusi-Mensah Frimpong impuso una pena de 48 meses de prisión a Del Villar. La Fiscalía había solicitado una condena de 78 meses, por lo que la pena fijada quedó por debajo de la petición del Ministerio Público.
Además de la prisión, el fallo incluyó una multa personal de 2 millones de dólares, una sanción de 1.8 millones aplicada a la empresa Del Entertainment y un periodo de tres años de libertad condicional al término de la pena. Esos montos y medidas forman parte de las sanciones económicas y de supervisión impuestas en el fallo.
Multas y medidas económicas detalladas
La resolución especificó la distribución de las sanciones entre la responsabilidad personal de Del Villar y la responsabilidad corporativa de su empresa, con montos diferenciados para ambas. Esos montos buscan responder tanto a la conducta atribuida como a la reparación y castigo fijados por la autoridad judicial.
El régimen de libertad condicional y las multas suponen obligaciones adicionales que deberán cumplirse al término de la pena de prisión, incluyendo posibles restricciones financieras y supervisión por parte de las autoridades correspondientes.
Vínculos investigados con promotor sancionado y operaciones en México
La acusación se centró en negocios con Jesús Pérez Alvear, promotor incluido en la lista de sancionados por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos y asesinado en 2024. Según la fiscalía, Del Villar y su entonces director financiero, Luca Scalisi, organizaron conciertos en México que recibieron pagos cercanos a 200,000 dólares.
La fiscalía sostuvo que esos pagos se realizaron a pesar de que el promotor figuraba en la lista de sancionados, lo que, de ser cierto, implicaría violaciones a las restricciones impuestas por la normativa de control de activos y sanciones. Las operaciones señaladas fueron objeto de seguimiento por parte de las autoridades encargadas de controlar flujos financieros y vínculos con personas sancionadas.
Testimonios y cooperación con autoridades: declaraciones clave en el juicio
Como parte del proceso, el cantante Gerardo Ortiz declaró como testigo bajo un acuerdo con el FBI y relató haber visto a Pérez Alvear en las oficinas de Del Records, además de participar en eventos organizados por el promotor. Ese testimonio fue presentado por la fiscalía como elemento que vinculaba actividades comerciales de la empresa con la figura sancionada.
Antes del juicio, Del Villar rechazó cooperar con las autoridades y manifestó su negativa a actuar como informante. Esa postura fue citada durante el proceso y aparece relacionada con la estrategia de defensa adoptada por el acusado en la etapa investigativa y procesal.
Defensa, alegatos de manipulación y recursos legales anunciados
La defensa sostuvo que Del Villar fue manipulado por un exempleado para entablar relaciones comerciales con el promotor sancionado, planteando una versión en la que la responsabilidad directa del acusado estaría atenuada por la conducta de terceros. El jurado, sin embargo, no aceptó esa explicación y emitió el veredicto de culpabilidad.
Los abogados de Del Villar anunciaron que presentarán una apelación contra la sentencia, iniciando así la vía recursiva prevista en el sistema penal. El recurso buscará revisar fundamentos de hecho y de derecho que la defensa considera susceptibles de cuestionamiento ante instancias superiores.
