La semana pasada, la información personal, incluyendo los números de teléfono, de varias figuras políticas mexicanas, se filtró y se compartió en las redes sociales. Entre los individuos afectados se encontraba Claudia Sheinbaum, candidata para la Presidencia de la República de la coalición Sigamos Haciendo Historia, Citlalli Hernández, secretaria General de Morena, Gerardo Fernández Noroña, coordinador de Enlace con Organizaciones Sociales y Civiles de la campaña presidencial, Jesús Ramírez Cuevas, coordinador general de Comunicación Social de la presidencia de la República, y José Ramón López Beltrán, hijo del actual presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).
Esta filtración surgió poco después de que el presidente AMLO divulgara el número de la periodista de The New York Times, Natalie Kitroeff, en su conferencia de prensa matutina. La divulgación de los números ha causado bastante controversia, ya que se considera un delito compartir o difundir datos personales sin el consentimiento explícito del titular, según la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Las sanciones para este delito pueden variar dependiendo de si la divulgación la realiza una persona privada o una entidad obligada.
Además, otro caso que ha surgido es el de Xóchitl Gálvez, candidata a la presidencia por Fuerza y Corazón por México, quien ha denunciado que su número telefónico privado también fue filtrado en las redes sociales y ha estado recibiendo amenazas de muerte.
Estos acontecimientos han vuelto a poner en foco el tema de la privacidad y la seguridad de la información personal en México. En un país donde los datos personales a menudo son objeto de abuso y mal uso, tanto por particulares como por entidades gubernamentales, estos incidentes subrayan la necesidad de una mayor protección y regulación en este ámbito.
