Orden judicial y desmantelamiento de Alligator Alcatraz: centro de detención migratorio en Everglades
La jueza del Distrito Sur de Florida, Kathleen Williams, ordenó el desmantelamiento del centro de detención migratorio conocido como Alligator Alcatraz, ubicado al oeste de Miami. La resolución fija un plazo de 60 días para comenzar las acciones de desmontaje y prohíbe el ingreso de nuevos migrantes al sitio.
La decisión se dictó de forma parcial a favor de las demandas presentadas por grupos ambientalistas y la tribu local, con medidas concretas sobre el uso del terreno. La orden contiene restricciones sobre futuras instalaciones y actividades en la zona afectada.
Medidas concretas ordenadas y restricciones sobre infraestructura
La orden prohíbe instalar infraestructura adicional en el predio, incluyendo tiendas de campaña, dormitorios, edificios u oficinas, así como pavimentar, excavar o cercar el sitio. Estas prohibiciones buscan limitar nuevas intervenciones en el área natural donde se instaló el centro.
Al mismo tiempo, la resolución no impide la modificación o reparación de la infraestructura ya existente, lo que mantiene la posibilidad de ajustes operativos sobre las instalaciones levantadas antes de la sentencia.
Demandas ambientales y alegatos de la tribu Miccosukee: impacto al ecosistema y biodiversidad
La decisión responde a una demanda interpuesta por Friends of The Everglades y el Center for Biological Diversity, junto con la tribu Miccosukee, que argumentaron daños a una zona natural de los Everglades. Los demandantes señalaron que la instalación se construyó en un área que alberga especies endémicas y hábitats sensibles.
En la demanda se indicó que la zona contiene 36 especies endémicas consideradas amenazadas, y se alegó que la presencia y construcción del centro afectaron los valores ecológicos del lugar. Esas afirmaciones fueron determinantes para que la jueza emitiera las prohibiciones relativas a nuevas obras.
Requerimientos de remoción y acceso para la tribu Miccosukee
Tras el vencimiento del plazo de 60 días, la orden exige la remoción del cerco que limita el paso, con el propósito de permitir el acceso de la tribu Miccosukee a sus áreas tradicionales. Además, se ordena la retirada de iluminación industrial instalada de forma permanente en el predio.
La resolución también obliga a retirar instalaciones relacionadas con gas, drenaje y desechos que fueron instaladas para el proyecto, indicando medidas específicas para restituir el entorno físico afectado por las obras recientes.
Estado operativo del centro de detención y situación migratoria: capacidad, población y demandas de derechos
El centro Alligator Alcatraz abrió el 3 de julio en lo que se describe como un aeropuerto abandonado y fue concebido inicialmente con capacidad para 2.000 personas, con proyecciones de ampliación hasta 4.000. La puesta en marcha del sitio fue parte de un proyecto estatal para alojar a migrantes.
Según reportes oficiales, en el centro permanecen 336 migrantes en el momento de la orden judicial. Paralelamente a la demanda ambiental, existe una demanda distinta presentada por la ACLU que busca impugnaciones por motivos migratorios y de derechos humanos.
Limitaciones a nuevas admisiones y estado de la infraestructura existente
La orden judicial impide la admisión de nuevos migrantes mientras se mantengan las restricciones dictadas, condicionando el uso futuro del recinto a las medidas ordenadas por la jueza. Esta limitación afecta la operatividad prevista para aumentar la capacidad del sitio.
Al mismo tiempo, la autorización para modificar o reparar la infraestructura ya existente deja margen para actuaciones internas que no supongan nuevas construcciones, lo que complica la evaluación inmediata de la continuidad del funcionamiento del centro.
Controversia política y recursos legales: respuestas de DeSantis, fiscal general y planes de apelación
El gobernador Ron DeSantis y el fiscal general de Florida han cuestionado la legitimidad de la jueza y anunciaron su intención de apelar o impugnar los eventuales fallos. Ese planteamiento anticipa una continuidad en la disputa judicial sobre el futuro del sitio.
Los funcionarios estatales han señalado su desacuerdo con la orden y han manifestado que recurrirán las decisiones, lo que extiende la controversia a instancias superiores y mantiene la situación legal en trámite.
Plazos, cumplimiento y futuras etapas procesales
El plazo de 60 días para iniciar el desmantelamiento marca un calendario judicial inmediato que implicará medidas de cumplimiento y supervisión en el corto plazo. La exigencia de retirar cercos y equipos técnicos configura acciones concretas con fechas precisas.
El avance de la apelación o de otros recursos determinará la permanencia de las prohibiciones y las posibilidades de modificación de la orden, lo que mantendrá el caso en desarrollo ante tribunales superiores.
