El senador priista Alejandro «Alito» Moreno exigió que Gerardo Fernández Noroña devuelva los escoltas asignados por la Fiscalía General de la República, tras la agresión registrada en la sesión de la Comisión Permanente el .
Puntos clave
- La confrontación entre ambos legisladores ocurrió durante la discusión sobre «traición a la patria» en la Comisión Permanente.
- Fernández Noroña denunció agresión y la FGR le asignó custodios para su protección personal.
- Moreno pidió en redes sociales que se retiren los escoltas y criticó el uso de recursos públicos.
- El episodio reaviva el debate sobre seguridad de legisladores y el destino de fondos públicos.
reclamo público de Alejandro Moreno sobre los escoltas
Moreno publicó mensajes en redes en los que calificó a Fernández Noroña de «cobarde» y «mentiroso» y exigió la devolución de los custodios asignados por la FGR. Señaló que esos servidores públicos «le cuestan a todos los mexicanos» y deben destinarse a la protección de la población.
Su postura plantea que la seguridad financiada con recursos públicos no debe servir para protección personal de un legislador cuando, según él, no es justificable su uso en ese caso.
“Ya regresa esos escoltas (servidores públicos) que le cuestan a todos los mexicanos, porque ni los pagas tú. ¡Eres un cínico, un mentiroso y un corrupto!”
— Alejandro Moreno, en redes sociales.
versión de Gerardo Fernández Noroña y actuación de la FGR
Fernández Noroña afirmó haber sido agredido en la tribuna durante la discusión y, para demostrarlo, realizó una recreación de los hechos en la antigua sede del Senado. Según su relato, la asignación de escoltas responde a amenazas y actos de violencia que ponen en riesgo su integridad.
Tras la denuncia, la Fiscalía General de la República asignó un grupo de custodios para garantizar la seguridad personal del legislador. La dependencia no emitió declaraciones públicas en la fuente sobre los criterios para la medida.
Tensiones en el Congreso y debate sobre uso de recursos públicos
El incidente refleja las tensiones partidistas entre Morena y el PRI dentro del Congreso. El intercambio de acusaciones y la presencia de custodios elevaron el debate sobre el manejo de recursos públicos destinados a seguridad.
Analistas y legisladores han cuestionado previamente cómo se determinan las protecciones individuales y el papel de las instituciones en atender denuncias entre funcionarios; el episodio reaviva esa discusión. No se incluyeron en la fuente datos oficiales adicionales sobre procedimientos o costos.
