Detención arbitraria de reporteros en Guasave
El 28 de julio, en Guasave, dos reporteros que cubrían un accidente en la carretera México 15 fueron sometidos y esposados por elementos de la Secretaría de Marina. La intervención ocurrió tras un choque provocado por una camioneta oficial que presuntamente se pasó un alto durante una persecución. Los comunicadores se encontraban a pocos metros del lugar cuando fueron detenidos.
Según testimonios recabados en el sitio, los marinos aplicaron medidas de fuerza física para imobilizar a los reporteros. No se registró resistencia por parte de los afectados, quienes se limitaban a documentar la escena del siniestro. La actuación de la Marina involucró la utilización de esposas y protocolos de custodia sin una explicación clara.
Coerción en la retirada de evidencias gráficas
Los elementos de la Secretaría de Marina confiscaron teléfonos celulares y cámaras fotográficas a los reporteros, argumentando razones de seguridad operacional. A continuación, los obligaron a borrar las imágenes y videos capturados durante la cobertura del accidente. La medida vulneró el derecho a la libertad de prensa y al registro informativo.
En el lugar no se presentó ninguna orden judicial que avalara la incautación ni la obligación de borrar el material. La coerción resultó en la pérdida de información relevante sobre el choque y las maniobras militares. Esta práctica impidió que se documentara cualquier irregularidad en el procedimiento de persecución.
Además, la confusión generada por la presión ejercida por los marinos provocó que uno de los reporteros entregara un equipo dañado, sin la posibilidad de comprobar su valor o estado previo. La falta de un inventario formal abre dudas sobre la cadena de custodia de los dispositivos retenidos.
Reclamo de garantías y protocolos de seguridad
Condena de la actuación militar
La Organización de Comunicadores Unidos de Sinaloa (OCUS) emitió un pronunciamiento en el que condenó la intervención de los marinos contra los reporteros. El documento enfatiza que la libertad de prensa y el derecho a informar están protegidos por la Constitución mexicana y no admiten restricciones arbitrarias.
En su posicionamiento, la OCUS calificó la acción como un atentado contra los derechos civiles. Subrayó que la intimidación a profesionales de la información socava la transparencia y el acceso a la información pública, pilares fundamentales para un control ciudadano de las fuerzas de seguridad.
Solicitud de protocolos claros
Además de la condena, la OCUS exigió la implementación de protocolos específicos para resguardar la integridad de los comunicadores durante operativos de las fuerzas armadas. El organismo considera necesario establecer procedimientos de coexistencia entre personal de prensa y elementos de seguridad.
Entre las medidas propuestas se incluyen la identificación visible de los reporteros, la emisión de instrucciones precisas para evitar detenciones arbitrarias y la creación de canales de comunicación directa con mandos superiores. El objetivo es garantizar condiciones seguras para el ejercicio informativo en zonas de riesgo.
Silencio de autoridades federales
Hasta el momento, ninguna dependencia federal ha emitido respuesta oficial ante el posicionamiento de la OCUS. El reclamo permanece sin acuse de recibo, lo que profundiza la sensación de impunidad en casos de agresiones a la libertad de prensa.
La falta de pronunciamientos por parte de Marina, SEDENA o Guardia Nacional mantiene en suspenso el estado de los protocolos internos y la posible revisión de la actuación en Guasave. La OCUS anunció que continuará documentando cualquier irregularidad similar.
