La Fiscalía General de la República (FGR) en el estado de Sinaloa se encuentra bajo un intenso escrutinio debido a las acusaciones de intentar desviar una investigación que involucra a altos directivos del Instituto Nacional de Fomento para la Vivienda de los Trabajadores, conocido como INFONAVIT.
El caso en cuestión se originó a raíz de irregularidades detectadas en el proceso de adquisición de viviendas por parte de empresas con directivos vinculados al INFONAVIT. Lo que comenzó como una investigación interna se convirtió en un asunto penal.
Sin embargo, la situación se complicó cuando Jesús Alberto Ley Castro, gerente de Centro de Servicios Infonavit en Los Mochis, pasó de ser testigo clave a imputado en el caso. Ley Castro, quien originalmente era víctima de los mismos delitos que se investigaban, denunció que su firma había sido falsificada en documentos relacionados con la recompra de nueve casas en Los Mochis.
Este caso también involucra a figuras prominentes como Martha Cecilia Robles Montijo, exdelegada de INFONAVIT-Sinaloa, y Laura Valenzuela Pérez, gerente jurídica desde 2010. Se alega que estas funcionarias están vinculadas a un fideicomiso de HSBC y la empresa Patrimonio S.A., que aparentemente recibieron un pago millonario por la recompra de las casas.
Las acusaciones contra la FGR Sinaloa incluyen cambios de fiscales, acoso hacia Ley Castro y retrasos en las diligencias. Además, se denuncia la negación de acceso a la carpeta de investigación y la citación de Ley Castro como indiciado en lugar de víctima.
Ante esta situación, Jesús Alberto Ley Castro presentó una denuncia ante la Secretaría de la Función Pública del Gobierno Federal, alegando violación de sus derechos fundamentales y obstrucción del debido proceso. Mientras el caso continúa desarrollándose, Ley Castro expresa temor por su integridad física y laboral, pero insiste en que busca que la verdad salga a la luz en beneficio del INFONAVIT y sus trabajadores.
Esta controversia arroja luz sobre un posible caso de corrupción y la importancia de una investigación imparcial y transparente para garantizar la integridad de las instituciones y los derechos de los ciudadanos.
